Mal manejo de recursos deja a 25 estados en procesos penales

A pesar de que Veracruz cuenta con un alto número de denuncias penales en su contra y un monto de recursos federales involucrados en irregularidades, son más de la mitad de estados los que enfrentan procesos judiciales en la Procuraduría General de la República (PGR).

Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha.

Las diversas anomalías ante la ASF es de 266 contra gobiernos estatales e  involucran a los sectores de salud y educación, así como de infraestructura y seguridad pública.

Una de las faltas más graves cometidas es la simulación de reintegros, es decir, ante señalamientos de recursos desviados se reponen temporalmente para aprobar las revisiones y luego se vuelven a retirar. Los estados que encabezan dicha práctica son Veracruz, Michoacán y Baja California Sur. 

Otras acciones legales o administrativas, que han tenido consecuencias penales y encauzamientos de orden administrativo son las referentes a cuentas públicas y partidas federales destinadas al sector educativo. Michoacán es el número 1 en ese sentido.

El gobierno de Michoacán dejó de pagar cuotas al Issste y al Fovissste. Además, malversó recursos del Seguro Popular a otros rubros. Todo ello derivó, en la mayoría de los casos, en procesos administrativos, pero también en 19 denuncias penales promovidas por la ASF que involucran mil 451 millones de pesos, la mayoría por destinarse a fines ajenos a los de los programas, cantidad sujeta a aclaración que no ha sido acreditada.

En las auditorías asociadas con denuncias de hechos se hace referencia a desvíos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica.

Otra entidad con problemas legales en la PGR de la cual poco se ha dado cuenta es Jalisco, cuyas anomalías se concentran en la cuenta pública de 2012, sin que a la fecha el gobierno de ese estado las haya subsanado. En este caso, las inconsistencias y desvíos se concentraron en el sector salud.

En el caso de Chiapas, las auditorías de la ASF han detectado que en el rubro educativo es en el que mayores inconsistencias hubo, en especial en el caso del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, así como en cuanto al pago de compensaciones y bonos al sindicato no autorizados por la Secretaría de Educación Pública.

Por otro, también en Chiapas se cuenta con casos de dispersión de recursos hacia otras cuentas no asociadas con el programa, entre los que sobre salen 207 millones de pesos vinculados directamente con una denuncia de hechos ante la PGR. Además, otra demanda por un desvío del Fondo de Aportaciones a Entidades Federativas, que involucra 445 millones de pesos.

Mientras que en Tabasco, las auditorías que han derivado en denuncias de hechos se asocian con el manejo irregular del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que involucran casi 900 millones de pesos.

INFORMACIÓN DE JORNADA