CDMX.- El exlegislador priista
guanajuatense y actual embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, ocultó durante años 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca
Privada D’Andorra, la BPA, institución intervenida en el 2015 por las
autoridades de ese país cuando se detectó que era utilizada para pagar
comisiones ilegales a políticos y para “blanquear” capitales, según una
investigación publicada por el diario El País.
Arroyo Vieyra ha sido diputado local en el Congreso de
Guanajuato en dos ocasiones, diputado federal tres veces y senador de la
república por el PRI, cargos que ocupó de manera ininterrumpida desde 1994
hasta el 2015 y en la mayoría de los casos, por la vía plurinominal.
También aspiró a ser candidato del PRI a la gubernatura en
el 2015.
Tras no conseguirlo, ingresó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores como oficial mayor, cuando la titular era Claudia Ruiz Massieu.
A mediados de marzo del 2016 fue nombrado embajador en
Uruguay.
El miércoles pasado, El País dio a conocer documentos
internos de la Banca Privada D’Andorra como parte de una investigación que
reveló el depósito hecho a nombre de Arroyo, justificado como pago por
servicios del despacho de abogados Salinas Arrambide y asociados en la Ciudad
de México, con Pedro Raymundo Salinas al frente.
Este despacho fue contratado por la Cámara de Diputados
federal en el 2013 –cuando Arroyo Vieyra era presidente de la misma- para
ofrecer asesorías. Los contratos se hicieron por adjudicación directa y el
despacho cobró 3.2 millones de pesos.
Entrevistado por los reporteros vía telefónica desde la
Embajada de México en Uruguay, Arroyo Vieyra aseguró que no intervino en las
adjudicaciones desde la Cámara al despacho. También se negó a revelar qué tipo
de servicios le fueron pagados con esos recursos y habló de “un error” al
haberlos cobrado a través de la BPA.
Esta institución fue intervenida en el 2015 y sus
principales directivos sometidos a procesos judiciales, después de que el
gobierno de Estados Unidos advirtió que cárteles de la droga en Colombia y
México, lo mismo que consorcios como la constructora brasileña Odebretch,
habían recurrido a ella para pagar comisiones ilegales a políticos, entre otras
actividades ilícitas.
La cuenta se abrió entre 2011 y 2012, consigna El País. En
su declaración a El País, el político y actual diplomático declaró que se trataba
de un pago de honorarios de su despacho. “Fui legislador y postulante privado
durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en
México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden”, dice la
cita del embajador.
Pero, aunque luego aclaró que sólo colaboró en un contrato
profesional con el despacho Salinas Arrambide, Arroyo se negó a revelar el
asunto por el que presuntamente recibió 1.2 millones de dólares a través de la
BPA: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de qué se trata por
secreto profesional”.
Según el priista, recurrió a la Banca de Andorra porque un
promotor “nos embaucó”.
Proceso.
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